Prisión preventiva para 11 penitenciarios

La Justicia de La Plata confirmó la prisión preventiva para 11 de los 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) acusados por presuntas torturas y abusos sexuales contra mujeres detenidas en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena.
La resolución fue adoptada por el titular del Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata, Juan Pablo Masi, quien consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa de la investigación, la responsabilidad de los imputados en los hechos denunciados.
Según la acusación judicial, los 11 agentes quedaron imputados por los delitos de tortura en concurso real con abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad en ocasión de sus funciones.
Sin embargo, el juez dispuso que la prisión preventiva pueda cumplirse bajo la modalidad de arresto domiciliario y con monitoreo electrónico, una vez que sean evaluados y aprobados los domicilios presentados por los imputados que solicitaron ese beneficio.

Cuatro agentes quedaron en libertad

En el mismo expediente, el fiscal Álvaro Garganta retiró el pedido de prisión preventiva para cuatro de los acusados: Carlos Alberto Salice, Juan Antonio Juanena, Facundo Sebastián Medina y Juan Manuel Villena, quienes recuperaron la libertad.
En total, inicialmente habían sido detenidos 15 integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre ellos autoridades de la propia Unidad Penal 51, personal de Sanidad y miembros de grupos especiales que intervinieron durante los procedimientos investigados.

La investigación se inició a partir de los graves episodios denunciados por internas de la cárcel de mujeres de Magdalena el 3 de junio de 2026, durante la jornada de movilización de Ni Una Menos.
De acuerdo con las denuncias, varias mujeres fueron sometidas a golpes, malos tratos, utilización de gas pimienta y otras prácticas que son investigadas como posibles actos de tortura y abuso sexual.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) intervino en el caso como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, tomó contacto con las víctimas y realizó una denuncia penal y administrativa que dio impulso a la investigación. El organismo continúa interviniendo en la causa y acompañando a las denunciantes.
La resolución judicial no quedó firme. Las defensas de los 11 penitenciarios que continúan bajo prisión preventiva apelaron la medida, por lo que ahora será la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata la que deberá analizar los planteos y determinar si confirma, modifica o deja sin efecto la decisión del juez Masi.
Mientras tanto, la causa continúa en etapa de investigación y los hechos denunciados deberán ser acreditados judicialmente.